Elección de jueces en Bolivia por voto popular no mejoró la justicia

A 15 años de que se instauró en Bolivia la elección por voto popular del máximo tribunal del Poder Judicial, la desconfianza en la impartición de justicia persiste y el único consenso que crece es que el cambio no la mejoró, así lo señalaron los abogados Soraya Santiago Salame, Sergio Ardaya Ríos y Susana Saavedra Badani, al compartir las lecciones que en México podrían tomarse de lo sucedido en el país andino.

En un conversatorio convocado por la Cámara de Diputados, la Fundación Konrad Adenauer, el Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, la organización Juicio Justo, los especialistas hablaron de la experiencia que han tenido desde 2011 como observadores interesados en ir superando las fallas de un proceso que se ha caracterizado por la anulación en el más de la mitad de los electores, ya que en Bolivia es obligatorio votar.

Aunque paulatinamente se ha mejorado el sistema de selección de aspirantes, pues al principio no se tomaba en cuenta la preparación académica ni la calidad de la experiencia profesional, los ponentes señalaron que hasta ahora continúa la crisis entre el máximo tribunal y el Congreso, toda vez que los jueces constitucionales han actuado al margen de la división de poderes.

Además, el litigio entre el Estado boliviano y los juzgadores que fueron cancelados con el cambio de modelo continúa, al grado que se espera una sentencia a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin rigor en los requisitos

La principal lección, coincidieron los especialistas, es que la sociedad civil organizada debe dar seguimiento al proceso, reclamando que éste se ajuste a los principios democráticos y defendiendo la independencia judicial perdida.

Sergio Ardaya Ríos, quien fue director y coordinador de una variedad de programas y proyectos de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil en el ámbito del acceso a la justicia, considera que para el momento que México vive ahora la más importante lección boliviana es la de cuidar la fase de preselección de los aspirantes que integrarán la boleta.

Después de haber monitoreado el proceso de ese país en la renovación de los integrantes del tribunal constitucional, lo que en México serían los ministros de la Corte, el abogado plantea:

“La parte más importante es cuidar las características y cualidades que debería cumplir la fase de preselección, porque debería estar dotada de espacios transparentes, accesibles a la ciudadanía y donde los reglamentos que se establezcan sean altamente meritocráticos”.

Ardaya Ríos recordó que en las primeras elecciones en Bolivia esa selección no se dio porque se limitaron a revisar si se cubría la formación profesional, sin distinguir entre una licenciatura, un doctorado o un diplomado, ya que lo único que se revisó era el cumplimiento del requisito.

Volver a los méritos

“Necesitamos focalizarnos en reglamentos altamente meritocráticos porque en algún momento (en Bolivia) se estaban eligiendo para las máximas autoridades de un tribunal de cinco o seis integrantes. Y sin embargo se presentaban como 800 (candidatos) y se decía, como si eso fuera un mérito, hay 800 que quieren ser”.

Comentó el abogado que ese dato no era equivalente a que el proceso fuese exitoso, sino por el contrario evidenciaba la falta de rigor en la fase de selección para cargos altamente especializados con perfiles que sólo deberían cubrir determinados actores por sus capacidades, estudios, con conocimiento, trayectoria docente y experiencia en los derechos humanos y su defensa en poblaciones prioritarias y vulnerables.

Soraya Santiago Salame, abogada de profesión, con doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca-España, recuerda que la elección de los jueces del alto tribunal se justificó en Bolivia con el señalamiento de que los integrantes del Poder Judicial eran una élite alejada de los intereses del pueblo.

La propuesta se comenzó a impulsar desde 2006 por el partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, entonces líder de la oposición.

Cuestionada respecto a si esa percepción sobre la impartición de la justicia elitista ha mejorado a partir de que los jueces máximos -que a su vez designan al resto de juzgadores- son electos en las urnas, Susana Saavedra Badani planteó que, como sucede en toda América Latina los problemas en este ámbito son estructurales y resulta imposible solventarlos sólo por su elección mediante el voto popular.

¿Mejoró la justicia?

Expuso la abogada magister en derecho penitenciario y especialista en derechos humanos, participación ciudadana y acceso a la justicia que tratándose de problemas que requieren de soluciones de largo y mediano plazo, en el caso de Bolivia ha habido momentos en que la crisis se ha profundizado.

Saavedra Badani fue enfática en señalar que de las urnas no han surgido mejores profesionales, “porque en realidad la población elige, pero elige de la lista que le presenta el órgano que hace la filtración (de nombre)”.

Ante la pregunta de cuáles fueron los principales tropiezos que se han observado en aquel país, la también activista de la sociedad civil, con 18 años de experiencia en gestión de proyectos en temas de democracia, justicia y derechos humanos, dijo que la premura con la que se organizó la primera elección.

Precisó, sin embargo, Saavedra Badini que hay lecciones aprendidas que “nos han llevado a perfeccionar los reglamentos, a comprender que se tienen que abrir las puertas a la ciudadanía para tener mayor información y para ver el desempeño de los procesos de evaluación y mayor publicidad”.

Recuperar la confianza

Pero, agrega, todavía faltan muchas mejoras y ha vuelto a la mesa del debate legislativo y ciudadano la necesidad de una nueva reforma porque el procedimiento de selección de los aspirantes no ha sido el idóneo.

El cambio esperado, define Saavedra Badini, es para lograr inspirar a los mejores postulantes a presentarse y conseguir también que “la ciudadanía confíe más en las autoridades que vayan a salir”.

No obstante, Sergio Ardaya Ríos destaca que, a diferencia de los primeros años, en que no hubo participación de la sociedad civil organizada en el proceso, ahora ya existe observación electoral ciudadana en todas sus fases.

Se trata de un ejercicio, detalló el abogado, que incluye la formulación y entrega de informes con recomendaciones que el Congreso debe leer, atender y tomadas en cuenta.

En el conversatorio, Laurence Pantin, directora de la organización Juicio Justo e integrante de la coordinación del Observatorio de la Justicia en el Tecnológico de Monterrey, enfatizó que los ajustes logrados en Bolivia en la elección de jueces se ha dado gracias al involucramiento de la sociedad civil organizada.

Se relató que, a partir de 2016, cinco años después, se conformó una red de organizaciones que definieron tareas de seguimiento y para formular propuestas concretas para el reglamento, los perfiles y su difusión que acompañaran y mejoraran el procedimiento para la segunda elección.

De esa manera lograron que tanto las sesiones como los exámenes a cargo de las instancias del Congreso se realizaran de manera pública con observadores y verificadores ciudadanos, cuando en la primera elección fueron cerradas.

Relataron que fue tanto el descrédito del primer proceso y tanta la presión de la ciudadanía organizada que los parlamentarios comenzaron a atender los informes y las evaluaciones externas apartidarias y técnicas.

Esa vigilancia de la sociedad civil fue estrechando los márgenes de discrecionalidad en los puntajes que inicialmente se les dieron a los aspirantes.

Voto nulo

Soraya Santiago Salame, profesora, investigadora y consultora en diferentes organismos internacionales en independencia judicial, derechos humanos y género, destacó que el proceso de selección cambió cuando el MAS dejó de ser hegemónico en el Congreso.

Con posdoctorado en Justicia Transicional y Sistemas de Justicia Independientes, la estudiosa del caso boliviano detalló que en la primera elección el voto nulo o voto blanco ascendió a 55% y para la segunda se elevó a 68%.

Destacó Santiago Salame que los denominados “magistrados de Alta Corte” lo fueron en ambas ocasiones con menos del 10 por ciento de los votantes en un país donde la Constitución establece la obligación de acudir a las urnas.

Contó que, en el tercer proceso electoral, la diferencia fue que el MAS ya no tenía la mayoría calificada, por lo que al interior de los órganos de selección de los candidatos se requirió de un debate entre los parlamentarios de las diferentes fuerzas partidistas.

Y ante la falta de un acuerdo político se interpusieron muchos recursos de impugnación que fueron paralizando el proceso.

Ante la perdida de control por parte del MAS, los magistrados que fueron elegidos en el segundo proceso dictaron una sentencia para prorrogar los plazos de todas las autoridades judiciales, con ellos incluidos, aunque su mandato venció en 2023.

“Así que todo el 2024 y hasta ahora hemos tenido autoridades de la Máxima Corte auto prorrogada, lo cual ha generado una molestia grande en la población en general y en la ciudadanía y en la academia, por lo que hasta la fecha no se ha podido realizar el tercer proceso”, describió.

De manera que, si bien se mejoró el procedimiento de selección, sus resultados aun no se han concretado por esa auto prórroga que imposibilita todavía más la independencia judicial.

El único consenso

Enfatizó Soraya Santiago Salame que el actual modelo para determinar a los jueces del máximo tribunal no ha funcionado en Bolivia, pero esto, aclaró, no puede atribuírsele al voto popular, sino porque la preselección de los candidatos se ha hecho con criterios políticos y sin atenerse a los méritos ni a la idoneidad.

“Un juez es el guardián de nuestros derechos”, definió y esto, subrayó, no se ha logrado porque el órgano que seleccionó a los aspirantes en los dos primeros procesos actuó bajo parámetros partidistas.

“En Bolivia sí existe un consenso de que esto no ha funcionado, evidentemente. Sabemos, como sociedad civil que no ha funcionado; la clase política lo sabe, el oficialismo también lo sabe. Lo que pasa es que no es tan fácil cambiar una Constitución. O, sea, lo sabemos, pero hay que cambiar la Constitución porque mientras ésta diga que elige así, se tiene que elegir así.

“Hemos vivimos un tiempo convulso, desde 2019, que no ha propiciado el momento de que se desarrolle una reforma constitucional. Y mientras se da ese momento, tendremos elecciones (presidenciales) en agosto, conforme al resultado, se verá”, sostiene la experta.

Pero el hecho de que hasta ahora no funcionó el modelo “sí es un tema que ha quedado asentado en la sociedad y a nivel político”, reitera Santiago Salame.

Si bien es cierto que se necesitaba una reforma desde 2009 de que debía darse una reforma judicial, plantea, lo sucedido en estos años alejó todavía más a las personas de la impartición de la justicia.

Porque los jueces, señala, que salieron de las urnas en las dos elecciones anteriores fueron personas desconocidas, sin trayectoria ni prestigio, por lo que la aspiración de democratizar el acceso a la justicia tampoco sucedió.

Citas

“Hay 86 casos de jueces destituidos (egresados de la escuela de la extinta Escuela Judicial) que han sido admitidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que seguramente se va a establecer la responsabilidad del Estado boliviano (por haber violentado sus derechos laborales y su independencia)”: Soraya Santiago Salame.

“Yo no lo hecho la culpa sólo al voto popular, sino al contexto que ha sido muy lesivo para el régimen democrático boliviano, porque una de las peores consecuencias ha sido la pérdida total de la separación de poder, el avasallamiento de otros poderes al poder judicial, que es al final el que garantiza nuestros derechos”: Soraya Santiago Salame.

“En el periodo previo a procesos electorales debe darse la máxima circulación de información de calidad, ideas y opiniones sobre los candidatos, sus perfiles, sus trayectorias, saber incluso si son buenas personas, para que la ciudadanía pueda participar informadamente”: Sergio Ardaya Ríos

“La impartición de justicia no ha mejorado nada a partir de la elección, no ha contribuido en nada, por el contrario, ha perjudicado”: Susana Saavedra Badani.

“Hay que buscar un voto informado, difundir las hojas de vida de los candidatos y como sociedad civil debemos involucrarnos y hacerse escuchar por los legisladores para poder tener mejores aspirantes”: Susana Saavedra Badani.