Los niños deportados por Estados Unidos están a la deriva al no tener garantizado un retorno seguro, pues no se implementan medidas específicas para restituirles sus derechos, coincidieron especialistas.

De enero a noviembre de 2024, el gobierno de Joe Biden deportó a 28 mil 270 menores de edad mexicanos, solos o en compañía de sus familias, la cifra más alta desde 2008, cuando hubo 34 mil 083 casos.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, señaló que estas infancias requieren una atención prioritaria y especializada de los gobiernos.

En entrevista con Excélsior, recordó que en 2020 se aprobaron reformas para que el INM ya no retuviera a niños y los atendiera el DIF nacional. Sin embargo, no se otorgó el presupuesto para cumplir esta tarea. “Es importante que se retome esa ley, que se retomen las facultades del DIF y los presupuestos que se le tienen que dar, y no se deje en el limbo a la niñez migrante”, urgió.

Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, afirmó que los países de origen, tránsito y destino de migrantes deben cooperar para crear un mecanismo de protección internacional que priorice el interés superior de estas infancias. Alertó que los niños deportados enfrentan riesgos como desaparición, trata, explotación sexual y reclutamiento criminal forzado.

Invisibilizan a niños deportados

Ante el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos anunciada por Donald Trump, los niños que son deportados desde ese país, ya sea solos o en compañía de sus familias, no tienen garantizado un retorno seguro al no haber medidas específicas para restituirles sus derechos, coinciden especialistas en migración y niñez consultados por Excélsior.

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que, de enero a noviembre de 2024, el gobierno de Joe Biden deportó a 28 mil 270 menores de edad mexicanos, la cifra más alta en 16 años, pues en 2008 se registraron 34 mil 083 casos.

De los 28 mil 270 niños y adolescentes mexicanos retornados, 16 mil 303 tiene de 12 a 17 años y 1 mil 967, de cero a 11 años. De éste último, 11 mil 813 viajaron acompañados y 154, solos.

Para Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, la niñez en migración debe recibir una atención prioritaria y especializada por parte de los gobiernos, pues el tema se ha dejado como una condición general, por lo que estas infancias quedan a la deriva.

En entrevista, la también especialista en seguridad recordó que en 2020 se aprobaron reformas para que el Instituto Nacional de Migración (INM) ya no pudiera retener a niños en centros o estaciones migratorias, y la atención a este sector pasara al DIF nacional.

Sin embargo, al DIF no se le otorgaron los presupuestos para garantizar el cumplimiento de esta tarea.

“Es importante que se retome esa ley, que se retomen las facultades del DIF y los presupuestos que requiere y no se deje en el limbo a la niñez migrante”, urgió.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, planteó que para que los gobiernos garanticen un retorno seguro a las infancias migrantes deben implementar un procedimiento basado en los estándares internacionales establecidos por la Convención de Derechos de Niños y Niñas, la Convención Americana y las leyes mexicanas, que tenga como prioridad el interés superior de la niñez.

“Las obligaciones de los estados, tanto de EU, México y, por supuesto, los países de origen y los de tránsito en estas rutas migratorias, tienen que evaluar de manera individualizada cada caso antes de una deportación o cualquier decisión administrativa”, indicó.

Los Estados, agregó, tienen la obligación de ofrecer a los niños una protección reforzada por su condición de vulnerabilidad, al no estar en su país o tener un contexto desfavorable o precario.

Recalcó que las autoridades deben prevenir, evitar y sancionar cualquier detención arbitraria. “Niños y niñas no pueden ser separados de sus familias de ninguna manera”, aseveró.

Al ser la migración un tema transnacional, debe crearse un mecanismo de protección internacional de niñez migrante y refugiada que permita reducir la presencia de militares y policías en los procesos y rutas migratorias, para que asuman la tarea, la conducción y la responsabilidad las autoridades de infancia de todos los países involucrados.

Esto permitiría, afirmó, proteger mejor las rutas de las infancias, no perder su identidad ni su rastro, y concretar la reunificación familiar.

Ante las deportaciones récord de menores de edad mexicanos durante el año pasado, Pérez García señaló que se les deben garantizar medidas procesales, desde traducción si hablan alguna lengua originaria hasta contar con un abogado de confianza. “Tiene que ser un proceso especializado y se tienen aquellos casos que han sido víctimas de delitos; en estos casos el Estado mexicano está obligado a la reparación del daño y a las garantías de no repetición y esto es un desafío, particularmente en México, donde los grupos criminales tienen control territorial de esto”, lamentó.

Si sólo tras un proceso bajo estas condiciones se concluye que es mejor regresar a su país o quedarse en México, tiene que garantizarse que sea en las mejores circunstancias y entregados directamente a su familia, con un plan de restitución de derechos, explicó.

ENJAULADOS

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia advirtió que, con el retorno de Trump a la Casa Blanca, las infancias migrantes enfrentan riesgos por las políticas xenofóbicas que se avecinan en EU.

Recordó que en su primer mandato, el republicano separó a niños y niñas y los puso en jaulas, mostrándolos ante los medios de comunicación como un espectáculo, “pero además con la intención de generar terror”.

De ahí, insistió, la importancia de que el mecanismo transnacional planteado cuente con protocolos binacionales de cooperación que establecerían pasos específicos, autoridades responsables y mecanismos de evaluación.

“Tenemos inmediatamente que avanzar en ampliar y fortalecer los albergues especializados, no pueden estar (los niños deportados) en cualquier espacio porque no tienen que ser bodegas, tienen que ser espacios con personal calificado que, además, tenga políticas de protección para poder prevenir dinámicas de violencia sexual, explotación laboral o incluso reclutamiento de grupos criminales”, sostuvo.

Remarcó la urgencia de que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) participe en este esfuerzo y se coordine con el DIF, instancia responsable de la asistencia a las infancias migrantes. Además, los sipinna estatales también deben coordinar y articular estas medidas de protección, pues será en las entidades donde más presencia habrá de niños y niñas en tránsito o deportados.

“Hay que insistir que está prohibido en México hacer detención migratoria para niños y niñas, tienen que estar con sus familias, no pueden ser separados y se tienen que buscar alternativas, en el caso de niñas y niños no acompañados, de familias temporales. Se les tiene que ayudar a recuperar el acceso a documentación y registros si por alguna razón los perdieron o se los robaron o no los traían”, indicó.

DE REGRESO

Los especialistas coinciden en que el aumento de las deportaciones de niños en años recientes está relacionado con el aumento de los flujos de migrantes mexicanos que viajan en familia hacia EU.

“De 2019 hacia atrás diez años, una década, hubo menos migración mexicana, eran más los que regresaban de EU, los deportaban o voluntariamente, que los que se iban, pero a partir de mediados de 2020 esto cambia y hay más personas mexicanas que se van con niños también”, explicó Rendón.

La activista recordó que en tiempos recientes hubo un viraje en México de las causas de la migración: muchas de las personas que se van huyen de la violencia, a diferencia de antes que era más por necesidad económica. “Ahora la mayoría de las personas que se van desde México es por el riesgo a perder la vida y entonces los flujos migratorios han aumentado, también el de niñez. Los flujos migratorios de niñez, en México particularmente, han aumentado más que en el resto del mundo”, dijo.

Pérez García puntualizó que no se debe perder de vista que los datos sobre el auge en las deportaciones de menores se da en un contexto de migraciones familiares. Los que son retomados solos, por lo general, son adolescentes que están en alto riesgo.

NEGRO PANORAMA

El exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó que las infancias deportadas enfrentan un escenario distinto al que había durante el primer mandato de Trump; por ejemplo, el control territorial que hoy tienen los grupos criminales en México no lo tenían en esa época.

“Ahora tendríamos, además de la saturación de albergues, la incapacidad de los gobiernos locales y de las organizaciones sociales para poder brindar atención, implicaría esta presencia de los grupos criminales que están extorsionando, explotando sexualmente, reclutando a las personas migrantes, y se incrementen las desapariciones.”

Además de estas violaciones graves a los derechos humanos, la insuficiencia en los refugios implicaría tener a más personas en condiciones precarias, incluso ocupando los espacios públicos, sin acceso a servicios básicos y con el obvio deterioro a su salud mental y física.

A esto se agrega un alto riesgo de desapariciones y la revictimización.

“Lo que es urgente es que, primero, el Estado mexicano no minimice de ninguna manera lo que viene; que reconozca los déficits que tiene en el sistema de protección integral actual; que reconozca que los recortes presupuestales que están establecidos en salud, educación y en el propio Instituto Nacional de Migración van a tener un impacto directo en la posibilidad de atender esto de manera masiva”, afirmó.

Juan Martín Pérez alertó que si bien con las presiones políticas de EU pueden incrementarse las detenciones arbitrarias y los riesgos de violaciones a derechos humanos, lo peor es que las redes delictivas aprovechen las deportaciones masivas para nuevamente hacer otro negocio criminal con la vida de los personas migrantes.