Morena hace intocables cambios a la Constitución; el Pleno del Senado abordará hoy el dictamen

EXCELSIOR

El Senado aprobó en comisiones la reforma para impedir que los ciudadanos o instituciones puedan impugnar la Constitución, ya sea por juicio de amparo, controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad.

La propuesta, presentada el martes por el morenista Adán Augusto López, desató críticas y preocupaciones porque, además de impedir que se impugne la Constitución, prohibía a la Suprema Corte atender los recursos contra la reforma judicial, con lo cual rompía con el principio de no retroactividad de la propia Constitución.

También colocaba a México fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al establecer que las normas relativas a éstos derechos se interpretarán según la Constitución y los tratados internacionales en la materia, “pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”, proponía el cambio al artículo primero.

Ayer, la iniciativa fue matizada y sólo dos de los nueve cambios que tenía sobrevivieron.

Ya con los ajustes hechos por los propios morenistas, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia matutina que la reforma sólo se iba a referir a que no proceden ni amparos ni controversias contra los cambios constitucionales, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos abrieron la discusión para su aprobación, que quedó con 24 votos en favor y diez en contra.

AVANZA DICTAMEN PARA INMUNIZAR CONSTITUCIÓN

Con la decisión de acelerar a fondo su proceso legislativo para que sea realidad a la brevedad, el Senado aprobó en comisiones la reforma para impedir que los ciudadanos o instituciones puedan impugnar la Constitución, ya sea por juicio de amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad.

El martes, la propuesta de reforma morenista presentada en el Senado por Adán Augusto López desató críticas y preocupaciones que se reflejaron en redes sociales, porque además de impedir que se impugne la Constitución, prohibía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atendiera las impugnaciones presentadas contra la reforma al Poder Judicial, con lo cual rompía con el principio de no retroactividad que la propia Constitución tiene.

Y de igual manera colocaba a México fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al establecer que “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad” en el artículo primero.

Pero, la mañana de este miércoles, la iniciativa fue modificada y sólo dos de los nueve cambios que tenía sobrevivieron.

Le quitaron el cambio al artículo primero, así como la adición al 103, donde establecían que los tribunales federales pueden resolver controversias, pero “quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores, las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra lo que no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso”.

De igual manera quitaron la segunda parte de las adiciones que pretendían a los artículos 105 y 107, que decían que no proceden ni amparos ni controversias constitucionales ni acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, “incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral”.

Y retiraron los transitorios con los cuales ataban las manos a la Corte para que no pueda resolver las impugnaciones que se han presentado contra la reforma al Poder Judicial.

Ya con los cambios hechos por los propios morenistas, luego que la Presidenta de la República anunció que la reforma sólo se iba a referir a que no proceden ni amparos ni controversias contra los cambios constitucionales, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos abrieron la discusión para su aprobación.

Es una propuesta que pretende, busca, reafirmar y reforzar lo que ya dice la legislación actual, con el propósito de inhibir interpretaciones sesgadas que algunas personas ciudadanas y otras personas juzgadoras están llevando acabo, porque quieren impugnar lo inimpugnable”, aseguró el petista Alejandro González Yáñez.

La priista Claudia Anaya celebró los cambios, pero consideró que son insuficientes.

Esa reforma era una manifestación explícita de que nos queríamos salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que queda es una manifestación implícita de que nos queremos salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Explico por qué: desde el título que tiene la reforma. Es una reforma en materia de inimpugnabilidad de las adiciones y reformas a la Constitución. Estamos violentando el artículo 8 y el artículo 25 del Pacto de San José”, aseguró.

El panista Ricardo Anaya expresó que “cuando yo digo que su pleito con el Poder Judicial los ciega; uno, no hay adjetivo calificativo y, dos, estoy convencido, nada más escuchen sus intervenciones. No estamos discutiendo la reforma al Poder Judicial y ya dijeron que si la ministra Piña, que si el Poder Judicial”.

PELEAN ADÁN Y MARKO

La discusión en comisiones no se centró en los aspectos técnicos del dictamen y tuvo frecuentes enfrentamientos verbales entre el morenista Adán Augusto López y el panista Marko Cortés, derivados de críticas que expanistas y hoy morenistas hicieron a Cortés.

Él recordó que en Morena hay muchos expriistas, experredistas y expanistas, y que los morenistas compraron su mayoría calificada; sin mencionarlo por su nombre, refirió el caso de Miguel Ángel Yunes.

Adán Augusto respondió que no le da vergüenza decir que fue priista y perredista; vergüenza es seguir siéndolo, y balconeó a Marko Cortés.

Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista y para mayores pruebas se lo digo: hoy integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen van y solicitan en servicios administrativos que les depositen por 22 senadores, se les olvida que están negando a Yunes y pregúntele a Yunes si ustedes son capaces de darle su correspondiente subsidio o no sé cómo se llama eso”, lanzó.

Las senadoras morenistas, sentadas a un lado de Cortés, comenzaron a cuchichear, pero con un volumen de voz que garantizaba que fueran escuchadas: “ay, le roban el dinero; ¡qué barbaridad!, ¡qué rateros!”.

Cortés no aclaró por qué pide las subvenciones de Yunes, si no está en la bancada, pero anunció que será expulsado del PAN en la última semana de este mes.

Después de cinco horas de debate, la reforma fue probada por 24 votos en favor y 10 en contra. Aunque inicialmente se iba a aprobar en el pleno la próxima semana, Morena regresó a su plan original de aprobarla entre hoy por la noche y la madrugada de mañana.

RETIRADO

• Los mismos morenistas quitaron del dictamen que las reformas constitucionales pudieran ser inaplicadas por medio del control de convencionalidad.
• Además, que los tribunales federales no pudieran resolver controversias sobre forma, procedimiento y fondo de reformas constitucionales.
• También se retiró que no se pudiera impugnar el proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación de las reformas a la Carta Magna.
• Y se quitaron los transitorios con los cuales ataban las manos a la Corte para que no pueda resolver las impugnaciones que se han presentado contra la reforma al Poder Judicial.

PRESIDENTA LIMÓ ÁNGULOS DE PROPUESTA MORENISTA

Surgida de una mesa en la que participaron dirigentes de Morena y los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández, la reforma para impedir que se impugne la Constitución no fue consultada de origen con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero fue ella quien la corrigió para retirarle aristas como el alejamiento de facto de México del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

De acuerdo con senadores de Morena consultados por Excélsior, la iniciativa fue trabajada en Morena, que hoy encabeza Luisa María Alcalde, durante varios días y originalmente sólo contenía cambios a dos artículos, referentes únicamente a la improcedencia de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en apego a la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo.

Durante la reunión que se realizó el martes por la mañana, entre la dirigencia de Morena y los legisladores federales morenistas, el documento les fue entregado a los líderes de ambas Cámaras: Adán Augusto López, del Senado, y Ricardo Monreal, de la Cámara de Diputados, y se acordó que se presentara el mismo martes en el Senado, como Cámara de origen.

Sin embargo, el documento ya incluía cambios a otros artículos y un agregado en el régimen transitorio, lo cual generó dudas e incluso rechazo de algunos legisladores, de acuerdo con el relato compartido con este diario.

La presentación pública de la reforma, por parte de Adán Augusto López, en la tribuna del Senado, generó críticas en diferentes ámbitos, que se reflejaron en redes sociales, pero fue en ese momento que el equipo de la mandataria federal conoció todo el documento.

La misma noche del martes, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, se comunicó con los senadores y planteó el desacuerdo con parte de la reforma, como lo referente al alejamiento tácito de México del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que fue uno de los puntos más criticados por expertos y exlegisladores federales de partidos opositores.

Pero todo el documento preocupó incluso a senadores de Morena, que desde la tarde del martes expresaron sus temores sobre las implicaciones.

Ayer, en entrevista, el senador Javier Corral relató que la reforma “se anunció desde la mañana en una reunión que tuvimos con la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ahí se habló de una iniciativa que buscaría fortalecer y blindar el concepto de supremacía del poder reformador de la Constitución.

Una vez que se presentó la iniciativa en el Senado de la República, llegó una serie de alertas sobre algunas de las propuestas de modificación en donde se advertía un riesgo de debilitar el sistema de derechos humanos que México ha venido configurando. Una vez que hubo estas expresiones de preocupación, se recogieron, tuvimos distintas reuniones durante la tarde, particularmente tuve reunión con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien de inmediato tuvo la disposición y la sensibilidad para revisar la iniciativa.

Hubo comunicación con Ernestina Godoy, para simple y sencillamente revisar cuál era la posición de la Consejería Jurídica sobre este tema y Ernestina estuvo de acuerdo en que de lo que se trataba era de trasladar de la Ley de Amparo a la Constitución estas disposiciones”, relató.

¿CÓMO SE COCINÓ?

La iniciativa fue trabajada en Morena, que hoy encabeza Luisa María Alcalde, durante varios días, con cambios para homologar la Constitución con la Ley de Amparo

El martes por la mañana, la dirigencia de Morena entregó la iniciativa a los coordinadores del partido en el Senado y la Cámara de Diputados, con agregados.

Por la tarde comenzaron a saltar las alertas.

“REGRESIVA Y AUTORITARIA”

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró “regresiva” y “autoritaria” la iniciativa de ley que presentó Morena para establecer como improcedentes los amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las reformas a la Constitución.

Es una reforma claramente autoritaria, porque lo que busca es limitar los mecanismos a partir de los cuales como personas podemos ir a defender nuestros derechos”, indicó en entrevista con Pascal Beltrán de Río, para Imagen Radio.

Explicó que México tardó mucho tiempo en poder hacer una reforma constitucional como la de 2011, que incorporó todas las normas relacionadas con derechos humanos que están en tratados internacionales a la Constitución y que estableció el principio pro persona o de interpretación y de selección de normas más favorables, el cual permite que cuando haya una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dicen estas normas de los tratados internacionales, los tribunales puedan seleccionar la norma, que es más protectora para los derechos humanos.

Asimismo, dijo, es una franca confesión de parte del oficialismo, quien considera imposible controvertir una reforma constitucional.

Esta iniciativa lo que hace es simple y sencillamente evidenciar que no es claro que no se puede impugnar una reforma constitucional. Y tan hay duda, que hacen una reforma para tratar de aclarar todo esto”, dijo.

Asimismo, criticó que, de nueva cuenta, se evidencie “una pésima técnica legislativa”.