¿Qué es la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO y cuándo entra en vigor?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que en el país son necesarias algunas reformas en diversas materias, por ejemplo en el Poder Judicial con el objetivo de que las y los ministros sean elegidos por el voto popular.

El primero de septiembre de 2023, López Obrador dio a conocer que presentaría al Congreso una iniciativa de reforma al Poder Judicial para buscar “limpiarlo” de las malas prácticas.

“Voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo”, dijo en aquella ocasión durante su Quinto Informe de Gobierno, celebrado desde Campeche.

AMLO anuncia reforma al Poder Judicial

El 27 de diciembre de 2020 el pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma al Poder Judicial, la cual “supera las carencias percibidas por décadas, superando obstáculos con instituciones desactualizadas”, de acuerdo con una tarjeta informativa.

Con esta reforma se busca acabar con la discrecionalidad en los nombramientos para jueces y magistrados, así como fortalecer los concursos para ocupar los cargos.

¿Qué es la reforma judicial en México?

La reforma judicial implica una renovación estructural para generar una justicia más ágil y eficiente, alineándose con los cambios sociales y culturales generados en los últimos años, y para cumplir los llamados de la sociedad mexicana de una justicia expedita.

Uno de los objetivos más importantes de la Reforma Judicial es tener una impartición de justicia más cercana a las personas, que supere antiguas barreras como las de procedimientos (para lo cual incorpora la justicia digital), las de lenguaje (por ello se forma a profesionales de la justicia para que dominen diferentes lenguas) o las de conocimiento (con ese propósito, incorpora a juezas y jueces más sensibles a las problemáticas sociales).

Con acciones claras y contundentes, en apego a la reforma se realiza un proceso de limpieza y renovación interna, para eliminar prácticas como la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, que impiden una justicia plena y afectan sobre todo a las personas en mayor estado de vulnerabilidad.

Otro punto básico de la reforma es continuar con el impulso de la paridad de género y la protección de las mujeres que laboran dentro del Poder Judicial frente a situaciones de acoso sexual y otras formas de violencia en su trabajo. No sólo es una medida trascendental que marca una diferencia en la labor judicial, también es una cuestión de justicia y derechos humanos para saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres.

En términos generales, el mayor beneficio de la Reforma Judicial es que, gracias a ésta, quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, podrán obtener una justicia de calidad en condiciones de igualdad.

¿Qué plantea la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO?

Durante la presentación de sus últimas 20 reformas constitucionales, el presidente señaló que el Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos, por lo que tiene que hacer valer el estado de derecho y ejercer su “papel garante de la justicia”

Recordó que la estructura de gobierno del pueblo mexicano está dividida en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que cada órgano debe ser independiente entre si.

“El gobierno debe sustituir al tiránico, el reclamo de leyes generales para todos, todas y por tanto la clásica abolición de los fueros federales”.

Durante su presentación, Andrés Manuel también propuso reducir el número de ministros, desparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los juzgadores hagan uso de suspensiones para frenar los juicios en curso.

Asimismo, pretende reducir de 15 a 12 años el periodo de los ministros y que los jueces y magistrados duren en su encargo solo nueve años.

También acusó al Poder Judicial de la falta de justicia que ha padecido el país en las últimas décadas.

“El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”, detalla la propuesta.

Con esta reforma, asegura, se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones.

“Además, se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad”, añadió.

La iniciativa establece que, a casi tres décadas de su creación, el Consejo de la Judicatura Federal ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos que ocurren al interior del Poder Judicial,

Suspensión contra leyes del Poder Legislativo 

La iniciativa menciona que en los últimos años, la SCJN y los órganos jurisdiccionales han ido adoptando criterios contrarios al principio de relatividad en el juicio de amparo, e incluso en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, concediendo suspensiones con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo.

Asimismo, que la SCJN no estudia el fondo del asunto planteado y determina la invalidez de una norma por advertir vicios dentro del procedimiento legislativo, es decir, no se llega a hacer un estudio de constitucionalidad respecto de las normas impugnadas.

“Bajo esos argumentos, resulta viable la propuesta de no otorgar a la SCJN mecanismos que le permitan limitar el trabajo del Poder Legislativo sin haber realizado previamente el estudio sobre la constitucionalidad de la norma, pues si existen límites al análisis constitucional, deben necesariamente contarse con límites a la función judicial sobre el trabajo legislativo que, como se dijo, se presupone acorde con nuestro texto fundamental”.

También pide replantear la procedencia de la suspensión con efectos generales en el otorgamiento de amparos.

Gastos superiores a EU

Por otra parte, menciona que la SCJN se ha caracterizado por ser una institución altamente onerosa. En 2010, su costo representaba casi tres veces el de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cerca de siete veces el de la Corte Suprema de Canadá y más de 34 veces el del Tribunal Constitucional de Perú. 

La iniciativa propone que la elección de juzgadores se realizará por voto directo y secreto.

También se propone adecuar el artículo 95 constitucional, el cual establece los requisitos de elegibilidad como Ministra o Ministro de la SCJN, sustituyendo toda referencia a “designación” por el de “elección”; además, se adiciona en su fracción VI el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como impedimento para ser elegible durante el año previo al día de su elección.

Además, se prevé reformar el tercer párrafo del artículo 94 constitucional a fin de reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9 ministros, así como la eliminación de las dos Salas con las que actualmente cuenta, a fin de que sea el Pleno quien conozca y delibere sobre todos los asuntos que lleguen al máximo tribunal.

También se propone establecer que los ministro de la SCJN durarán en su encargo doce años improrrogables, que haya plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales y una renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en la elección extraordinaria que se celebre en 2025.

La iniciativa añade que los magistrados de Circuito, así como los jueces de Distrito, duren en su encargo un periodo de nueve años, con posibilidad de reelección por uno o varios periodos adicionales.

En tanto, se propone modificar los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del artículo 99 para señalar que las magistradas electorales que integren la Sala Superior deberán ser elegidas el primer domingo de junio del año que corresponda mediante voto directo y secreto de la ciudadanía a nivel nacional a partir de diez candidaturas que proponga cada uno de los Poderes de la Unión, tal como sucede para el caso de ministros.

Asimismo, se propone que sea la SCJN quien resuelva las impugnaciones, califique el proceso y declare sus resultados. Anteriormente, el Presidente indicó que en el país es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos de manera directa por el pueblo.

Y es que a decir de López Obrador, tales cargos no deben ser electos por “la élite del poder económico y político de México” pues ha señalado que la tarea de los impartidores de justicia es servir al pueblo y “no como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.

La reforma al Poder Judicial también busca que se haga una reducción de su salario para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ganen más que el Presidente, de manera que jueces, magistrados y ministros sean honestos, íntegros e incorruptibles.

“Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y los diputados y senadores serán electos de manera directa por el pueblo porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, mencionó durante la presentación del cinco de enero. 

López Obrador ha explicado que para que los jueces puedan ser elegidos mediante el voto popular, deberán contar con requisitos como edad, estudios y no tener antecedentes penales.

La iniciativa plantea además crear un Tribunal que se encargue de revisar el modo de actuar de los jueces, ministros y magistrados para evitar casos de corrupción.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador ha planteado reformar el Poder Judicial, ya que en 2021 envió al Senado de la República una iniciativa para elevar las sanciones por corrupción dentro del Poder Judicial, que llegan hasta 20 años de inhabilitación para jueces y magistrados, así como reparación del daño por 130 millones de pesos para empresas privadas o el cierre de las mismas.

¿Cuándo entraría en vigor la reforma del poder judicial?

La reforma presidencial al Poder Judicial tuvo alrededor de 100 modificaciones propuestas por Morena y aliados e incluye para 2025 la renovación total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de 50 por ciento de los jueces a través del voto popular.

En conferencia el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que tras concluir los foros se entregaron las conclusiones a la Comisión de Puntos Constitucionales con “más de 100 modificaciones”.

Va a ser gradual, por escalonamiento. Habrá una elección extraordinaria para 2025. Habrá otra elección, ya ordinaria, concurrente con la elección federal en 2027; se determinará en estas dos elecciones cuáles son y de qué manera se va a realizar el proceso electoral”, expresó.

Respecto a si será parejo para jueces y magistrados, el diputado indicó que “va a ser el mismo día en 2025 la elección para la totalidad de los ministros de la Corte y para 50 por ciento de magistrados y para todas las vacantes, cesantías, retiros, prejubilaciones de jueces”.

Explicó que, de las 100 modificaciones, 60 son de las aportaciones que derivaron de cada uno de los foros que se realizaron en las nueve sedes en donde participaron alrededor de 66 personas adscritas a las diferentes instancias del Poder Judicial.

Con información de Pedro Domínguez