Perú declara emergencia ambiental en zona costera afectada por derrame petrolero
MILENIO
El derrame ha dejado aves muertas flotando en el mar o cubiertas de petróleo sobre roquedales sin poder volar, mientras en los muelles los pescadores no pueden trabajar.
Perú declaró emergencia ambiental por 90 días en la zona costera dañada por el derrame de 6 mil barriles de crudo hace una semana en medio del oleaje causado al parecer por una erupción volcánica en Tonga.
Con esta medida, el gobierno prevé un “manejo sostenible de los territorios afectados”, con las respectivas “labores de recuperación y remediación” para mitigar la contaminación.
La declaratoria de emergencia indica que la ejecución del plan de acción inmediato y de corto plazo está a cargo de la petrolera española Repsol, propietaria la refinería La Pampilla, ubicada en el distrito Ventanilla de la provincia del Callao, aledaña a Lima, donde se produjo el desastre.
El derrame ocurrió el sábado 15 de enero durante el proceso de descarga del buque “Mare Doricum”, de bandera italiana y cargado con 965 mil barriles de crudo.
Según la empresa española, el derrame se produjo por el oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
Repsol afirma no tener responsabilidad en el incidente, pues las autoridades marítimas peruanas no emitieron alertas sobre un posible incremento del oleaje por la erupción.
Según los análisis de las autoridades, el petróleo derramado se desplaza con la corriente marina en dirección norte.
Esto va afectar a la zona Islotes Grupo de Pescadores, que pertenece a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, “en 512 hectáreas aproximadamente”, así como a la Zona Reservada Ancón “en mil 758 hectáreas”.
El vertido de petróleo ya contaminó 21 playas y causó la muerte de diversas especies marinas, en tanto preocupan los efectos económicos que pueda provocar.
El derrame de miles de barriles de crudo en la costa central de Perú dejó un sombrío balance: aves muertas flotando en el mar o cubiertas de petróleo sobre roquedales sin poder volar, mientras en los muelles los pescadores no pueden trabajar.
“En pleno apogeo nos han cortado el brazo”, dice con desazón a la AFP el pescador Bernardo Espinoza, al destacar que él y sus colegas se quedaron sin poder trabajar en medio del verano austral, la época en que tradicionalmente venden más pescado.
“No podemos trabajar, venimos ya sacando los últimos recursos, estamos ya haciendo lo que se puede”, agrega Espinoza, pescador desde hace 50 años en la bahía de Ancón, 45 kilómetros al norte de Lima.
Por su lado, el pescador Alfredo Roque indica que las dificultades para la pesca en esta zona durarán mucho tiempo.
“Las crías de peces ya están muertas; las crías, la mayor parte comen en la orilla del mar, y la orilla del mar está llena de petróleo”, explica a la AFP.
Además de los pescadores, otras personas que vivían de actividades ligadas a las playas se quedaron sin ingresos: dueños y empleados de restaurantes, los que alquilan sombrillas y quienes venden comida y gaseosas a los bañistas.
En el muelle de Ancón solo siguen trabajando los tripulantes de embarcaciones mayores que pescan en alta mar, mientras los puestos de venta de pescado están vacíos, porque ya no hay clientes.
“No se vende nada, el pescado más que nada sale con el olor a petróleo, y la gente no compra, no consume porque tienen miedo de intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo“, indica Giovana Rugel, de 52 años, quien vende pescado en la entrada del muelle de Ancón.
Ahora los únicos ocupantes de las playas de Ancón y de los otros balnearios afectados son las brigadas de limpieza, conformadas por militares, personal contratado por la petrolera y voluntarios de AMAAC Perú y otras onegés.
Perú exigió el miércoles a Repsol “resarcir” los daños por el derrame de los 6 mil barriles de crudo.
La empresa envió cuadrillas de trabajadores y desplegó equipo especializado para atajar la contaminación en las aguas y playas de la zona afectada, donde durante la semana hubo varias protestas de pescadores y pobladores, preocupados por la imposibilidad de desarrollar la pesca o mantener negocios turísticos como restaurantes.
El gobierno peruano dio a Repsol un cronograma de 10 días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación.
