Marchan para exigir justicia ante las personas desaparecidas en los últimos años
Nahum Villavicencio
El Comité de Familiares Hasta encontrarlos, marchó de la fuente de las 8 Regiones con destino al Zócalo capitalino para exigir justicia por las desapariciones que se han presentado en los últimos años.
Manifestaron que a más de cuatro años de haberse emitido la recomendación 07/2009 publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que demuestran que el caso de la desaparición de varias personas se trató de una “desaparición forzada”.
En estos casos el gobierno de Gabino Cué no ha hecho valer su compromiso de investigar y cumplir a con esta recomendación, que fue aceptada por su gobierno desde abril del 2011. La aceptación a esta recomendación por parte del Gobierno, respondió al parecer a una cuestión meramente coyuntural, en la que por la presión de la entonces Comisión de Mediación (COMED) y la de organizaciones populares y de familiares.
En este caso se vio obligado a aceptar y comprometerse a buscar a las personas desaparecidas mediante el apoyo de la llamada Fiscalía Especial para Atender los Delitos de Impacto y Trascendencia Social. “Sin embargo, a más de dos años de haber aceptado esta recomendación no se ha dado con el paradero de nuestros familiares y se mantiene en la impunidad a los responsables de cometer este crimen”.
En el contexto actual esto se complejiza dado que el gobierno pretende institucionalizar el descontento social mediante la creación de fiscalías o departamentos especiales, para resolver presuntamente los casos de los miles de desaparecidos, sin embargo, todos estos son instrumentos demagógicos que no resuelven en los hechos, la exigencia de los familiares y de las organizaciones populares, que es la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país.
El gobierno del estado y el gobierno federal tratan de deslindarse de su responsabilidad de investigar al argumentar que la desaparición de las personas, argumentando que no se dio en su gobierno, como si con ello, no tuvieran obligación de cumplir con su trabajo de investigar, cuando saben perfectamente que la desaparición forzada es un crimen continuado, destacó.
Si bien los casos de Edmundo y Gabriel no sucedieron durante el gobierno de Gabino Cué, como tampoco los de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, ni el de Lauro Juárez, esto no lo exime de su responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables, así como también responder por la desaparición de los profesores Carlos René Román Salazar y Guadalupe Pérez Sánchez, desaparecidos en su gobierno y de los cuales tampoco se ha sabido nada.
