compre una casa y compre problemas
Paloma Duarte
Comprar una propiedad en un fraccionamiento es comprar problemas que generan un mayor gasto para las familias, pero hacerlo en comunidades que no cuentan con el respaldo municipal es peor”, sostuvo don Abelardo García quien adquirió una vivienda en el Fraccionamiento Villas de San Miguel Etla.
A 30 minutos de la capital del Estado el asentamiento “residencial” pertenece al municipio de San Juan Bautista Guelache, quien desde el inició de la construcción en el 2003 se negó a reconocer al fraccionamiento, sin embargo si vendió a la empresa “Casas GEO” los terrenos para construir el complejo habitacional.
Las casas de una y dos plantas, con dos y tres recamaras fueron entregadas los primeros meses de enero de 2004, y pocos fueron los que se fueron a vivir a la zona; en ese tiempo no había tantos problemas pues el agua potable llegaba del tanque elevado que se encuentra al final del fraccionamiento.
Desde la llegada de este hombre de 65 años a la unidad habitacional, indica que realizo los pagos de predial al municipio, quien cobraba todos los impuestos y derechos fiscales pero se negó a la prestación de servicios, pues argumentaba el fraccionamiento nunca fue entregado en forma a las autoridades.
Este problema origino una de las primeras pesadillas de la familia García Altamirano, pues el agua potable dejo de fluir, desembolsando entonces los primeros gastos para poder adquirir tinacos o como en su caso construir una cisterna para poder adquirir el vital líquido de una manera externa a través de pipas que comenzaron a llegar.
El servicio de recolección de basura también comenzó a realizarse de forma particular, sin embargo, eso no fue lo peor, pues en las primeras lluvias de junio del 2004 muchas viviendas se inundaron, sin que la empresa respondiera a los propietarios por los daños.
Un ventarrón también provocó que se desprendieran tejas de viviendas, y se presentaran fallas en las estructura que tuvieron que ser subsanadas por los dueños de las viviendas, nuevamente la empresa no respondió aun cuando por muchos años se ha pagado un seguro para estos gastos, aseguró el afectado.
La energía eléctrica en la zona ha sido cortada aun cuando en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad aparezca el Impuesto al Alumbrado Público, y aunque han acudido a la dependencia les han informado que el responsable de este caso es el municipio, quien hasta hoy no se ha hecho responsable.
La falta de energía eléctrica llevó otro problema, pues la planta tratadora de aguas residuales dejo de funcionar lo que ha provocado que aguas negras salgan hacía la carretera a la Villa de Etla, causando contaminación.
La inseguridad que surgió en la zona obligo a los vecinos a construir y levantar muros en áreas verdes, hubo quienes se apropiaron de gran parte de estos lugares, lo que impide que en caso de algún siniestro los servicios de rescate puedan llegar de manera rápida, indicó don Abelardo.
Como Don Abelardo alrededor de 500 familias viven a diario la escases, la inseguridad y el tener que adaptarse a los altos costos que representa habitar la zona, en la que el transporte público ha generado la inconformidad de los vecinos.
“Cuando nosotros llegamos aquí, entraba un autobús, después comenzaron los taxis de San Miguel y San Gabriel que se han disputado el pasaje; sin embargo ambos sitios al ser los únicos que prestan el servicio han incrementado su tarifa. En 2015 pasaron de cobrar 12 a 15 pesos sin que ninguna autoridad les hubiera autorizado, hoy con el pretexto del alza de la gasolina quieren hacer lo mismo, subir el pasaje a 18 o 20 pesos”, dijo.
Aseguró también que ante la falta de operativos de regulación de pasaje después de las 20:00 horas, los taxis foráneos cobran 20 pesos, tarifa que se incrementa a 25 después de las 21:00 horas, y así sucesivamente cada hora van incrementando el precio hasta llegar a los 60 u 80 por persona.
La deuda que adquirió por la vivienda de una planta es por 30 años y fue de 450 mil pesos, lo que lo imposibilita para buscar un nuevo patrimonio, que responda por las necesidades que él y su familia tienen.
La exclusión de los habitantes de este asentamiento se centra en el gobierno de la municipalidad, que se rige por el sistema de usos y costumbres, y aunque recientemente los convocaron a la elección del 2016, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que nuevamente fue nombrado en el municipio un administrador.
Por ello hoy piden nuevamente al administrador, Jorge Ismael Flores Avendaño atienda las demandas de los habitantes de este asentamiento.
