La sección 22 exigen la salida del Ejercito de la región del Istmo.

Por Victor Castillo Stgo.
Corresponsal
Oaxaca, Oax.- a 22 Septiembre 2017 .- Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron este viernes la salida de los elementos del Ejército Mexicano y la Marina del Istmo de Tehuantepec.

Aunque la ayuda del magisterio oaxaqueño solo se ha visto en algunas comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre, la dirigencia magisterial a través de una misiva exigió al Gobierno Mexicano sacar a los Elementos que ayudan en la zona de contingencia.

De acuerdo al documento emitido por el Comité Ejecutivo Seccional, la llegada del Ejército se presentó porque presuntamente pretenden militarizar y operar en la región del Istmo de Tehuantepec.

“Es una maniobra política y personera del poder para imponer las zonas económicas especiales, mismas que sólo llegan para que empresarios sigan enriqueciéndose a costa de los recursos naturales de nuestro pueblo”, mencionaron.

Indicaron también que reprueban la actitud asumida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) instancia que en lugar de velar por los derechos de los ciudadanos, contribuye a generar un clima de militarización en la región Istmeña.

En este contexto detallaron que al igual que los demás políticos y funcionarios de los niveles de Gobierno, Arturo Peimbert arribó a la zona afectada solo para tomarse la foto con los afectados después de días de haber ocurrido el sismo de 8.2 grados e impulsar la militarización.

Con respecto a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) indicaron que el organismo debió priorizar la organización social ante la inoperancia del Estado de ofrecer ayuda inmediata a la población afectada.

Mientras pobladores de las zonas devastadas han agradecido al Ejército el apoyo en estos momentos en que lo han perdido todo, la Sección 22 refiere sin aportar pruebas que la sociedad fue vulnerada por el fenómeno natural.

Asimismo indican que el Gobierno desconoció a la policía municipal para impulsar el arribo de militares a la zona, sin tener conciencia de las graves violaciones a los derechos humanos que han generado las fuerzas armadas en los espacios a los que arriban.

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