AI denuncia tortura y violación a mujeres en lucha antinarco

Milenio
En un informe, Amnistía Internacional denunció que integrantes de la Policía, Ejército y Marina violentan física, psicológica y sexualmente a mujeres detenidas en el combate al crimen organizado.

La policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a mujeres detenidas en el combate contra el crimen organizado a torturas, malos tratos y violencia sexual, denunció Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”.

Amnistía Internacional entrevistó a un centenar de mujeres que han denunciado haber sido sometidas a violencia durante su arresto, y concluyó que todas ellas describían algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico, incluidas amenazas e insultos misóginos y sexualizados; 72 mujeres afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes.

En el reporte, AI detalla que las mujeres son víctimas de fuertes golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, amenazas de violación a ellas y a sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene.

De los 100 arrestos examinados por AI la mayoría fueron llevados a cabo por la Policía Federal, seguida por la Policía Estatal, el Ejército y la Marina.

“Tanto en la estrategia de seguridad empleada en México como en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, es frecuente que las mujeres sean detenidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones”.

De los 100 arrestos examinados por AI la mayoría fueron llevados a cabo por la Policía Federal, seguida por la Policía Estatal, el Ejército y la Marina. De éstas, 33 por ciento habían sido acusadas de formar parte de grupos de la delincuencia organizada, 23 por ciento de delitos de narcotráfico, 22 por ciento de secuestro y 14 por ciento de posesión ilegal de armas de fuego.

En estos casos, todas las mujeres expusieron con detalle algún tipo de violencia, desde el acoso sexual y los abusos psicológicos hasta la violencia sexual; 72 de las mujeres entrevistadas dijeron haber sido sometidas a violencia sexual.

Según señala la organización, la violación ha sido utilizada por la policía de todos los niveles –municipal, estatal y federal–, así como por el Ejército y la Marina. Las mujeres denunciaron los índices de violación más altos a manos de la Marina, aunque ésta realiza menos arrestos que la Policía Federal; de los 10 arrestos practicados por la Marina ocho denunciaron violación.

Amnistía Internacional ha documentado que en casos de violación, los exámenes ginecológicos suelen realizarse meses después de infligida la agresión. Este retraso agrava la situación de peligro para la salud de la mujer, que en muchos casos podría sufrir una grave infección vaginal o anal como consecuencia de la violencia infligida, o enfermedades de transmisión sexual. Además de los riesgos para la salud, el valor como prueba de los exámenes médicos se deteriora con el paso del tiempo.

Para AI, la PGR y las autoridades responsables de la detención de mujeres cuentan con medios insuficientes para abordar las dificultades de documentar la violencia sexual. Aun en el caso de que estas instituciones elaboren protocolos rigurosos, advierte, falta independencia e imparcialidad de los profesionales médicos.

“Las autoridades no sólo no han publicado información detallada sobre la tortura y otros malos tratos contra las mujeres, sino que parecen estar decididas a mantener oculto el tema”, señala el reporte.

Durante la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional para este informe, indicó que una serie de autoridades pusieron diversos obstáculos para impedir que la organización accediera a un mayor número de mujeres con el fin de entrevistarlas.

AI recomendó a la Policía Federal, el Ejército y la Marina: suspender a cualquier agente —con independencia de su rango— sospechoso de estar implicado en actos de tortura u otros malos tratos, hasta que se realice una investigación imparcial e independiente, y garantizar que ningún funcionario público de quien se halle que es responsable, directa o indirectamente, de tortura y otros malos tratos es empleado en otras instituciones de seguridad pública, fiscales o judiciales.

A su vez, instó a la Secretaría de Gobernación reforzar el seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra las mujeres; mientras que a la Procuraduría General de la República pidió acelerar el trabajo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura y publicar urgentemente un registro de denuncias de tortura, desglosadas por género, edad y nacionalidad.

Llamó a los legisladores a adoptar sin demora la Ley General contra la Tortura, garantizando que incluye los siguientes elementos: se penaliza la tortura y otros malos tratos con arreglo a los estándares internacionales, en concreto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.