Pueblos y comunidades de Oaxaca han sido víctimas de violaciones a sus derechos
Nahúm villavicencio
Integrantes de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) concluyeron tras un análisis de la entidad, qué durante este 2015 los pueblos y comunidades han sido víctimas de violaciones a derechos fundamentales, marcadas por imposiciones, mal uso de recursos públicos, presencia policiaca para reprimir y amenazas e intimidaciones para quienes se encargan de defender los derechos.
Mediante una misiva la REDECOM sostiene que en las regiones de Valles Centrales, Costa e Istmo de Tehuantepec, se analizó el contexto social y político del estado de Oaxaca, llegando a la conclusión que durante enero y febrero se han llevado a cabo violaciones a sus derechos fundamentales, marcadas principalmente por la imposición de mega proyectos, el uso de recursos públicos para presionar a las comunidades, presencia policiaca y militar en diversas regiones, así como una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, principalmente de derechos territoriales, quienes legítimamente y por las vías legales y pacíficas hemos demostrado la inviabilidad de los mismos.
Pese al rechazo generalizado hacia las reformas estructurales, las cuales fueron aprobadas sin la participación de la ciudadanía, las autoridades continúan promoviendo leyes con una marcada tendencia hacia la privatización de nuestros bienes comunes, tal es el caso de la Iniciativa de Ley General de Aguas, la cual recoge algunos conceptos y criterios reconocidos internacionalmente.
Sin embargo en la práctica establece notoriamente una limitación de dicho bien, en beneficio de las empresas bajo la causa de “utilidad pública”. Esta misma simulación se reproduce en torno a la consulta indígena en Juchitán, donde se está implementando una consulta a modo, confabulada por instituciones federales, estatales, municipales, empresas y líderes locales para afectar el territorio de las comunidades indígenas zapotecas del Istmo de Tehuantepec.
Ante este contexto la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, denunciamos que existe una política de criminalización por parte de los tres niveles de gobierno hacia nuestro trabajo, tal es el caso de la fabricación de delitos hacia Carlos Beas Torres, Teófilo García Sarabia y Andrés Pérez Hernández, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) y Pedro S. Concha integrante de la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales del Valle de Tlacolula.
De igual forma, durante enero y febrero de 2015, se reactivó la presencia del ejército, la marina, así como policía estatal en las regiones de la Costa e Istmo de Tehuantepec. Consideramos que estos hechos representan actos intimidatorios hacia nuestras comunidades, toda vez que suceden en los territorios de afectación del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, así como los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.
Responsabilizamos a las instancias encargadas de brindar protección y garantías de trabajo hacia defensoras y defensores en el estado de Oaxaca, por la integridad física y psicológica de defensoras y defensores del Istmo de Tehuantepec, Costa, Mixteca y Valles Centrales, sostiene el documento.
Culmina reafirmando que la Defensa de Derechos es un ejercicio y derecho fundamental, condición mínima de todo estado democrático, en consecuencia, condenamos que en México se perpetren encarcelamientos, hostigamientos, torturas, amenazas, represiones y ejecuciones hacia las personas y organizaciones que realizamos esta labor.
