Comuneros detienen proyecto en su localidad.
Paloma Duarte
Comuneros de Santa María Tonameca, Pochutla lograron detener la certificación del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) bajo la cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el presidente de Bienes comunales pretendían establecer un desarrollo turístico.
En conferencia de prensa, comuneros de esa localidad indicaron que en 2015 el presidente de Bienes comunales Raúl Luca Cruz, falsificó actas de asamblea comunitaria que presento ante la dependencia federal para iniciar con el estudio para certificación de la laguna.
Cuando se presentó el proyecto a la comunidad se dijo que se realizaría un estudio técnico para poder hacer el desazolve de la laguna el Palmar. Con esta propuesta estuvieron de acuerdo los habitantes del núcleo rural ante el deterioro que presenta este atractivo turístico.
“Nuestro objetivo del estudio era el desazolve ante la contaminación de los ríos, y es que sabemos que a la laguna la abastecen los ríos San Antonio y San Francisco que descargan en la Escobilla, y ante los desechos que presenta se está acabando con la Laguna San Isidro”, expuso.
Sin embargo el Comisariado de Bienes Comunales utilizo estudio para elaborar un estudio técnico justificativo para asentar en el sitio una 
ADVC, acordando para ello la entrega de mil 700 hectáreas de las comunidades, sin que los habitantes de las mismas estuvieran enteradas del hecho.
Las comunidades involucradas y las cuales serían seriamente afectadas se encuentran Mazunte, San Isidro el Palmar, la Ventanilla, San Isidro, El Venado, El Samaritano así como Escobilla, Chacahua y el Manglar, pues en estos sitios de acuerdo a la documentación que presentaron se construiría un desarrollo turístico importante para la zona, pero para la cual se tendría que expulsar a los habitantes de su zona.
“Luego de investigar, descubrimos que el estudio que presento el comisariado estaba amañado, y que los resultados de lo que había hecho eran la reubicación de habitantes para permitir la inversión privada”, destacó.
Por esta situación buscaron el apoyo de la Secretaría General de Gobierno, y en una reunión con CONANP echaron abajo el estudio y los proyectos en donde invertiría terreno FONATUR para la construcción de mil 500 cuartos, así como se construirían hoteles
Con esas actas de asamblea el Comisariado también bajo 110 mil pesos de recursos a través de la CONANP para 33 beneficiarios, sin embargo de las comunidades afectadas solo una persona pertenece a la comunidad, los demás son de fuera y solo fueron utilizados para obtener el dinero, acusaron.
Por estas irregularidades el núcleo rural decidió retirar del cargo al Comisariado de Bienes Comunales, así como al presidente del Consejo de Vigilancia, Darío Díaz Cortes. Ahora solo temen que haya represalias por haber detenido ese proyecto.
Explicaron que varios de los comuneros tuvieron que sacar a sus familias de donde vivían para evitar represalias, puesto que han recibido amenazas desde número no identificados por haber intervenido y detenido el desarrollo turístico que pretendían establecer en esta zona de la Costa de Oaxaca.
En este sentido pidieron a las autoridades mantener vigilancia constante en las comunidades involucradas, puesto que temen que el conflicto pase de lo administrativo a un enfrentamiento que derrame sangre en las poblaciones.
