La verdad no se mata, y menos acallando periodistas: Movimiento Ciudadano
CADENA POLÍTICA
Presenta Ivonne Ortega iniciativa para que funcionarios públicos se abstengan de utilizar información en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“La violencia en contra del periodismo debe parar, y debe parar ya. No es posible que México siga siendo el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo… La verdad no se mata, y menos acallando periodistas”, afirmó Ivonne Ortega Pacheco.
La legisladora yucateca presentó en nombre de la Bancada Naranja una iniciativa de
reformas legales para que “las personas servidoras públicas ”se deberán abstener de
utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar por
cuenta propia información en su poder, o de otras personas servidoras públicas, que
perjudique, ponga en riesgo o cause daño a las Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, en cuyo caso se les sancionará con todo el peso de la ley”.
El objetivo, explicó, es evitar más agresiones a periodistas y personas defensoras de
derechos humanos, y en caso de que sucedan, que efectivamente se haga justicia.
Señaló que, según datos de la Organización Artículo 19, en lo que va del actual gobierno
han asesinado a 30 periodistas por el ejercicio de su labor, cifra mayor a los 18
comunicadores muertos en el sexenio de Peña Nieto y 24 en el de Felipe Calderón, en el
mismo periodo de tiempo.
“No es un problema nuevo, pero es claro que esta administración ha sido la más letal para
el ejercicio del periodismo”, indicó.
Destacó que “mientras este año se perfila como el más mortífero para los periodistas, el
presidente de la República insiste en amedrentarlos y agredirlos todos los días”, desde su
conferencia de prensa de las mañanas.
“En las últimas semanas, atacó insistentemente a Carlos Loret de Mola y a Carmen Aristegui como una venganza por haber exhibido posibles actos de corrupción y de conflicto de interés de sus familiares directos”, dijo.
El presidente no puede, ni legal ni éticamente, usar de manera facciosa las instituciones en
contra del periodismo, indicó. En lugar de agredir verbalmente a los periodistas, el jefe del
Estado Mexicano tiene la responsabilidad de “garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de
la libertad de expresión y prensa”.
