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Legislativo refrenda compromiso de combate a la corrupción

Comunicado:

San Raymundo Jalpan, Oaxaca., 6 de diciembre de 2017.- A mantenerse atentos para vigilar el cumplimiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, se pronunciaron diputados de las comisiones unidas Instructora y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y Rendición de cuentas, en la comparecencia de José Ángel Díaz Navarro, secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

A nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Laura Vignon Carreño expuso que una de las tareas primordiales de la presente administración es recuperar la confianza de la ciudadanía, por lo que el análisis de resultados y la rendición de cuentas deben ser el eje rector de la dependencia.

“Bien sabemos que la corrupción es un cáncer social y como todo cáncer, debe tener un tratamiento especializado, un seguimiento y una lucha constante, por ello lo conmino a redoblar esfuerzos”, manifestó la diputada al funcionario estatal.

La legisladora sostuvo que “la corrupción fue la bandera de la pasada administración”, lo cual se puede constatar con los más de mil 500 expedientes de investigación de quejas y denuncias contra ex servidores públicos.

De igual forma, Vignon Carreño cuestionó si existe alguna investigación contra el ex funcionario Salomón Jara Cruz.

Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eva Diego Cruz, destacó que al pertenecer a la Fracción Parlamentaria que impulsó el sistema de combate a la corrupción, será vigilante del cumplimiento de la nueva legislación.

La legisladora preguntó al funcionario a cuánto asciende la deuda que dejó la administración estatal pasada, así como el destino de los mil 200 millones de pesos de endeudamiento, aprobado por el Congreso local, para la reconstrucción de las comunidades afectadas por los sismos de septiembre pasado.

“Necesitamos saber cuánto dinero se ha recuperado a la fecha de los recursos públicos desviados en la pasada administración de los ex funcionarios que se encuentran bajo proceso, lo que los oaxaqueños quieren es que el dinero se regrese. Ya no bastan los discursos, necesitamos las cosas claras, se requiere que los poderes Legislativo y Ejecutivo nos organicemos”, expresó Diego Cruz.

En tanto, la diputada de la Fracción Parlamentaria de Morena, María de Jesús Melgar Vásquez, fue clara en señalar que en el combate a la corrupción, la sociedad oaxaqueña no acepta más demagogia, por lo que exhortó al secretario de Contraloría a detallar en qué etapa se encuentran las auditorias que realiza dicha dependencia.

“No queremos nuevos ricos sexenales, seguiremos atentos a su actuación, los discursos ya no tienen cabida, le pedimos que se ponga a la altura de los pueblos que han sido decepcionados”, subrayó la legisladora morenista.

Asimismo, cuestionó al funcionario estatal sobre sí existe una investigación en contra de la ex directora del Registro Civil, Martha Alicia Escamilla León, por presuntos actos de corrupción, durante su administración.

En el marco de la glosa por el Primer Informe de Gobierno, Díaz Navarro señaló que se generó una estrategia que consiste en la realización de las acciones en materia de cumplimiento de las acciones derivadas de la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, así como de la instalación de los comités de Control Interno para fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Desde el principio de la administración, se propuso concebir un gobierno honesto e íntegro que combata las prácticas de corrupción, por ello, solicitó a los titulares del Gabinete Legal presentar sus Declaraciones 3 de 3 y a través del sistema “E-Oaxaca Declara” se han recibido 11 mil 936 declaraciones patrimoniales y mil 993 declaraciones de conflicto de interés.

Destacó que se iniciaron 25 auditorías de recursos federal y estatal por un monto fiscalizado de cinco mil 44 millones de pesos. En tanto, en el presente ejercicio, en seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2017, se concertaron 63 auditorías, con un importe fiscalizado de seis mil 324 millones de pesos.

El secretario de la Contraloría dijo que la dependencia a su cargo recibió 887 expedientes de investigación de quejas y denuncias contra servidores públicos de la pasada administración, y actualmente se sumaron 692 más.

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