Inicia SSPO, proceso penal por retención de policías y quema de patrulla en Atzompa
Oscar Rodríguez
Jueves 20 de febrero de 2014
Oaxaca, Oax.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) anunció que se inició un proceso penal por la retención de policías y la destrucción de una patrulla por un grupo habitantes del municipio de Santa María Atzompa que pretendía linchar a cuatro regidores que intentaron recuperar por la fuerza el palacio municipal; ello derivado del conflicto poselectoral en la población.
El titular de la SSPO, Alberto Esteva Salinas, afirmó que se integró una averiguación Previa dependiente de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), por los elementos de la Policía Estatal Preventiva que fueron golpeados y retenidos por los inconformes, cuando los uniformados incursionaron a la comunidad para llamar al orden social.
“Los uniformados lesionados, están severamente golpeados y este hecho se configura como un delito grave, el de ultraje a la autoridad, por lo que los responsables tendrán que ser llamados a cuenta para que sean sancionados conforme a derecho”.
Aclaró que los elementos policiacos sólo actuaron para hacer prevalecer el orden social y la paz pública y fueron agredidos por los manifestantes.
Dijo que pese a las agresiones se logró rescatar a los cuatro regidores que se encontraban privados de su libertad identificados como Jorge Álvarez López, Milton Onasis Aguilar, Antonio García y Pedro López, quienes también presentarán una denuncia en contra del presidente municipal del poblado, Jaime López, por el delito de privación ilegal de la libertad y lesiones.
El mando aseguró que la Policía no cometió ningún exceso, acudió al lugar del enfrentamiento para resguardar la integridad física de ambos grupos en disputa, máxime cuando uno pretendía hacer justicia por propia mano.
Por otro lado, Esteva Salinas reprobó la actuación del presidente municipal, Jaime López que fue quien incito a la gente para que generar la trifulca.
Dijo que independientemente del desahogo de las investigaciones, la Policía Estatal seguirá al pendiente de las condiciones de seguridad, como en cada localidad de la entidad oaxaqueña, para evitar el surgimiento de hechos violentos.
Esto, aclaró, en el entendido de que la facultad de aplicar la Ley compete única y exclusivamente a las instituciones creadas con ese fin y no obedece a intereses particulares.
En contraparte, el presidente municipal de Santa María Atzompa, Jaime López García, culpó de los hechos al ex secretario general del PRD, Raymundo Carmona Laredo y al ex administrador de esa localidad, Leonel Santos Cabrera del zafarrancho suscitado.
El edil aseguró que Leonel Santos Cabrera pretende seguir manteniendo el poder, luego de que durante tres años fungiera como administrador municipal en esa comunidad, además detalló que este es fiel aliado de Raymundo Carmona por lo que no descartó que pretendan saquear el municipio como lo hizo durante su gestión.
Aseguró que existe una complicidad por parte de la Secretaría General de Gobierno (Segego) a través de los funcionarios Carlos Moreno Alcántara, Mauricio Gijón Serna y Rodrigo Velásquez, ya que estos acreditaron de manera ilegal a cuatro concejales con cargos que no les correspondían.
“Jorge Álvarez López, Milton Onásis Hernández, Pedro López Martínez y Antonio García Hernández, son los cuatro concejales que ayer se apoderaron violentamente del Palacio Municipal y que además tienen en su poder diversos vehículos propiedad del ayuntamiento, así como boletas prediales que fueron ilegalmente entregadas por el Gobierno del Estado a los concejales en desacato de la voluntad popular” agregó el edil.
El munícipe urgió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigue los hechos y persiga los delitos que se cometieron por parte de los regidores.
Además solicitó a la Secretaría General de Gobierno y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para que destituyan de los cargos a los regidores.
Asimismo, el edil anunció que este próximo 22 de febrero el pueblo está convocado a una nueva asamblea para determinar y dar a conocer las acciones en contra de los concejales.
