HUGO JARQUÍN CONDENA AGRESIÓN A DEFENSORES DE DH
§ Deben existir garantías reales para que quienes luchan por los derechos de otras personas no pierdan la vida por ello
El diputado federal Hugo Jarquín se sumó a la indignación que propició el asesinato de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras, además de que dijo que este hecho debe avergonzar a las autoridades que no pudieron garantizar la seguridad de una pareja de líderes barzonistas que lucharon por defender el agua de la población chihuahuense ante la sobreexplotación que ocasionan proyectos mineros y agrícolas.
Por ello, en la sesión que este miércoles se realizó en el Palacio de San Lázaro, el legislador oaxaqueño voto a favor del punto de acuerdo para que se realicen las investigaciones que permitan dar con los responsables del asesinato ocurrido el pasado 22 de octubre y por ende implementar el castigo penal.
A la par, se requiere resolver los conflictos que ocasionados por la sobreexplotación de pozos de agua ha ocasionado en el norte del estado de Chihuahua y el inicio de operaciones de la mina “El Cascabel” en el municipio de Buenaventura en el ejido Benito Juárez, lo que requiere la intervención a fondo de la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para aplicar las sanciones respectivas en caso de que haya irregularidades.
“Hoy más que nunca debemos dimensionar que la vida de quienes defienden los derechos humanos de las personas, en cualquiera de sus ámbitos, es muy valiosa porque son ellos quienes son capaces de impulsar una lucha social para que las garantías de un grupo de personas o hasta una comunidad entera no sean pisoteados”, expresa el diputado Hugo Jarquín.
Considera que así como la pareja de líderes barzonistas iniciaron una lucha social hace seis años para impedir que la operación ilegal de la mina “El Cascabel” afectara los recursos hidrológicos de los chihuahuenses por la sobreexplotación de la cuenca aledaña al río El Carmen, en todo el país existen defensores que arriesgan su vida y cuya seguridad debe ser garantizada por las autoridades.
En Oaxaca, por ejemplo, existe un conflicto similar por el inicio de una mina en San José del Progreso, en el valle de Ocotlan situación que también ha cobrado la vida de un defensor y líder de pobladores opositores a la minera Cutzcatlan, Bernardo Vásquez.
“En ambos hechos las autoridades tienen la obligación de actuar con celeridad hasta esclarecer en su totalidad los hechos y castigar a los responsables, pero también por crear las condiciones para que los conflictos se solucionen de fondo y ni una vida más este en riesgo, sobre todo la de los defensores de derechos humanos”, asevera el diputado Jarquín.
