Habitantes de San Antonio de la Cal piden alto al cacicazgo en su municipio.
Nahum Villavicencio.
Alfonso Esparza Hernández, representante de un sector de San Antonio de la Cal, denunció que pese a estar tan cerca de la capital, en su municipio solo 400 personas autodenominadas “nativas u originarias”, son las que deciden la ruta a seguir en cuestión de nombramiento de autoridades.
Por ello el año pasado decidieron cambiar esta situación, presentando ante el Tribunal Estatal Electoral la impugnación al proceso electoral, quien dictamino la invalidación de los comicios en los que había salido ganador, Juvenal Margarito García.
El pasado mes de enero se realizó nuevamente la asamblea comunitaria, en donde mil habitantes de un total de 20 mil que vive en la zona, volvieron a elegir a Margarito García, provocando nuevamente la inconformidad de los avecindados, quienes volvieron a impugnar el proceso.
Esparza Hernández sostuvo que la Sala del Tribunal ratifico nuevamente la desaparición de poderes, por lo que se instaló un administrador, con quien se encuentran trabajando de manera adecuada, señaló.
Con el administrador, Noel Lagunas Rivero se realizaron 14 obras sociales con solo 2 millones de pesos, por lo tanto será apoyado por los habitantes, aunque un sector de la población encabezado por el edil no está de acuerdo con esta decisión.
Ese grupo señaló el denunciante se ha encargado de obstruir los trabajos, realizando el decomiso de las unidades de servicio de recolección de basura y el corte de agua a las diferentes colonias que no pertenecen al casco municipal.
“…nos cortaron el agua, nos cortaron la recolección de basura y todo; las ex autoridades, sin embargo se recuperaron las bombas lo que ha permitido se dote de agua potable a la mayoría de la población”, dijo.
Lo anterior como represalia porque la Sala del Tribunal les reconoció a los avecindados de 21 secciones, el derecho de votar y ser votados. Y es que, no les conviene que la administración de los recursos recaiga en otras manos.
“…no, nos dejaban participar porque querían seguir teniendo el control sobre los recursos que recibe el municipio y que hoy alcanzan un aproximado de 30 millones de pesos, sin embargo ahora tendrán la obligación de dejarnos participar”, dijo.
Por más de 50 años los habitantes del casco mantuvieron el poder sobre los recursos y no permitían a los avecindados participar, originando esto cacicazgo en la zona que termino con el dictamen de un nuevo sistema de usos normativos.
