¿Gobiernos y políticos ejecutan a periodistas?

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DETRÁS DE LA NOTICIA

Alfredo Martínez de Aguilar

 

 

* Los principales beneficiarios del crimen organizado y del narco son los gobernantes, políticos y servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno. El capo del Cártel Oaxaca, Pedro Díaz Parada, fue traicionado por uno de los últimos gobernadores priistas, a través de su delfín.

* ¿A quién afectan más las denuncias sobre la delincuencia organizada? No tanto a los jefes de las bandas del crimen organizado ni a los capos de los cárteles. Muchas veces halaga su enfermiza vanidad. En cambio, pone en grave riesgo a gobernantes, políticos y funcionarios.

Aquél a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido “cui prodest scelus, is fecit“. Es la síntesis genial de Séneca. Es principio del Derecho Romano y de la criminalística. Da luces sobre la autoría intelectual y material de los crímenes de ayer, de hoy y de mañana.

Atribuida la frase al cónsul romano y censor Lucio Casio Longino Ravilla, fue popularizado por el tribuno Marco Tulio Cicerón, y utilizada esta expresión por Séneca en el acto primero, escena primera, versos 500-501 en la tragedia de Eurípides sobre la hechicera Medea.

La expresión “Cui bono o Cui prodest”. ¿Quién se beneficia?, es una locución latina. Se refiere a lo esclarecedor que puede resultar en la comisión de muchos delitos, preguntarse por qué, y llegar a determinar, quiénes se habrían de beneficiar con sus resultados.

Ciertamente, no es sencillo determinar quién o quiénes son los que podrían ganar, ni muchos de los beneficiados tienen por qué haber estar implicados en el crimen, máxime cuando el culpable los usa como “cabeza de turco” para distraer la atención sobre su persona.

No obstante estas vicisitudes a enfrentar durante las investigaciones, permite definir por descarte las líneas de investigación. No hay que olvidar que no hay crimen perfecto, ni siquiera en tratándose de asesinatos políticos considerados crímenes de Estado.

Bajo este marco de referencia general y ante la ejecución de un periodista más, Santiago Barroso en San Luis Río Colorado, Sonora, obligado es escudriñar a quién beneficia el asesinato de periodistas. Obviamente, a los beneficiarios de la delincuencia organizada.

En este sentido, los beneficiarios de los negocios multimillonarios del crimen organizado y del narcotráfico no son solo los jefes de las bandas y capos de los cárteles. Que quede claro no busco exonerarles de sus crímenes, sino delimitar su responsabilidad.

Los principales beneficiarios del crimen organizado y del narcotráfico son los gobernantes, políticos y servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno. El capo del Cártel Oaxaca, Pedro Díaz Parada, fue traicionado por uno de los últimos gobernadores priistas, a través de su delfín.

¿A quién afectan más las denuncias sobre la delincuencia organizada? No tanto a los jefes de las bandas del crimen organizado ni a los capos de los cárteles. Muchas veces las denuncias halagan su enfermiza vanidad. En cambio, pone en grave riesgo a gobernantes, políticos y funcionarios.

Indispensable es recuperar la memoria histórica para no seguir sesgando las líneas de investigación en los asesinatos de periodistas. Están documentadas las amplias redes de complicidad de la delincuencia organizada con políticos, empresarios, jefes militares y policíacos.

Hace cuatro décadas con José Antonio “El Güero” Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), se abrieron las puertas del gobierno de México con Miguel de la Madrid a los grandes capos del Cártel de Guadalajara. Manuel Bartlett era secretario de Gobernación.

A pesar de comprar impunidad con miles de millones y financiar campañas presidenciales, de gobernadores y de presidentes municipales, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, pagaron el alto precio de la traición tras el asesinato por la CIA del agente de la DEA, Kiki Camarena.

También fueron traicionados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la propia Agencia Central de Inteligencia (CIA)​ del Gobierno de los Estados Unidos, no obstante que el Cártel de Guadalajara o Cártel de Jalisco financió a la Contra nicaragüense contra los sandinistas.

El mismo alto precio de la traición paga, ahora,  en Estados Unidos Joaquín Archivaldo Guzmán Loera El Chapo, traicionado por el segundo presidente panista, Felipe de Jesús Calderón y su operador Genaro García Luna, así como por el último presidente priista Enrique Peña Nieto.

Las investigaciones probarían que “El Güero” Zorrilla, exonerado por Bartlett, fue el autor intelectual de la primera ejecución de un periodista en México, Manuel Buendía, ejecutado por el agente de la DFS Juan Rafael Moro Ávila Camacho, para que no publicara la lista de los narcopolíticos mexicanos.

Con estos antecedentes, entre muchos otros, a 13 años de estallada la estúpida guerra contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, por el alcohólico presidente Calderón, obligado es preguntar si culpar a la delincuencia organizada es una perversa maniobra de distracción.

Acaso los que ordenan la ejecución de periodistas son, en realidad, los gobiernos y políticos de todos los partidos, principales beneficiarios del dinero sucio de la delincuencia organizada al recibir financiamiento para sus campañas y acumular fortunas mal habidas.

Ante la creciente impunidad por complicidad e ineptitud, asunto de vida o muerte es demandar la intervención de organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa y expresión, ya que el asesinato de periodistas en México pudiera tratarse de crímenes de Estado.

Condenaron el asesinato de Santiago Barroso el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, cuyo Capítulo Oaxaca me honro en presidir, la Red Sonora y el Club de Periodistas de Antequera que dirige Ángel Soriano, así como el Frente Estatal por la Defensa de los Periodistas Oaxaqueños.

A la condena y exigencia de justicia, se sumó la  Oficina del Estado de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato del periodista Santiago Barroso Alfaro, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, condenó el homicidio del periodista y dijo que “los demás crímenes contra la libertad de expresión deben ser investigados y esclarecidos efectivamente”. Sólo de esa manera se podrá enviar un mensaje. La investigación eficaz y completa de este crimen debe incluirse como una línea de líneas de comunicación la posible vinculación con la actividad periodística del señor Barroso”.

El homicidio de Barroso sería el cuarto ataque grave contra periodistas y medios de comunicación de Sonora en lo que El año y el cuarto periodista asesinado en 2019 en México. En 2018, la ONU-DH informó el asesinato de al menos 12 periodistas y la desaparición de otro.

Jarab recordó que “las agresiones contra los periodistas se restringen en la práctica”. “Por lo tanto, es necesario que, junto a la investigación, se implementen medidas de protección para la familia y colegas del señor Barroso y se adopten medidas de prevención de nuevos ataques contra la libertad de expresión en Sonora”.

La ONU-DH envió sus condolencias y solidaridad con la familia, amistades y colegas de Santiago Barroso. A las que nos sumamos, clamando al Cielo ¡Que la sangre de los periodistas caiga sobre sus asesinos materiales e intelectuales y sobre sus hijos!

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila

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