Detrás de la noticia

Alfredo Martínez de Aguilar

¡Gobernador, no permita sabotaje a reconstrucción!

Sabedores de las miserias humanas de la clase política a tiempo, no a toro pasado, advertimos lo que hoy es piedra de escándalo nacional: la corrupción y rapiña política en la reconstrucción de las ciudades y comunidades de 41 municipios del Istmo de Tehuantepec.

A las denuncias iniciales del temprano saqueo y entrega clientelar de la ayuda a los activistas de la COCEI-Partido de la Revolución Democrática, damnificados por los sismos en Juchitán, crece el rosario de éstas al sumarse muchas más denuncias contra todos los partidos.

No tienen nombre las acciones de la presidenta municipal de la heroica ciudad istmeña vencedora de los franceses, Gloria Sánchez López, y del secretario municipal, Óscar Cruz López, al robar despensas y entregar éstas, a través de boletos a sus correligionarios coceistas.

Mucho menos tienen nombre las acciones del senador petista-morenista Benjamín Robles Montoya, Tampoco de los diputados priistas Samuel Gurrión Matías y Donovan Rito García.
Peor todavía en el caso de Saulo Chávez Alvarado, delegado de la Comisión para la Defensa de los Pueblos Indígenas (CDI), de la ex edil Adelina Rasgado Escobar y de Elpidio Concha Arellano, delegado de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Otros políticos registrados en el censo de viviendas dañadas de Sedatu son el senador del PRI Jorge Toledo Luis, Héctor Sánchez López, patriarca de la COCEI y hermano de la alcaldesa de Juchitán; Óscar Toral Ríos, presidente municipal de Asunción Ixtaltepec.

No podía faltar Rosendo Toledo Serrano, hermano del presidente municipal de Ciudad Ixtepec, Félix Serrano Toledo, Otros más son Lenin López Nelio y Ángel Urbieta Ulloa, tesorero municipal de Juchitán, según revela el colega periodista José Luis Sarmiento Gutiérrez.

Ante la avalancha de denuncias, documentadas en las redes sociales por ciudadanos y en los medios de comunicación, es necesario exhortar al gobernador Alejandro Murat a no permitir el sabotaje de los trabajos de reconstrucción de los municipios y localidades del Istmo.

Indispensable es llamar la atención sobre la alta carga de gobernabilidad en materia de la reconstrucción de cientos de obras públicas y miles de viviendas.

Una de las denuncias más severas sobre la politización de la ayuda a las víctimas de los sismos es la Organización No Gubernamental Oxfam, que tiene personas desplegadas en terreno en el epicentro del sismo ocurrido el 7 de septiembre con una magnitud de 8.2, con el objetivo de tener información de primera mano para articular una estrategia de incidencia.

Hasta ahora las autoridades de Protección Civil han confirmado la muerte de 90 personas, 71 en Oaxaca, 15 en Chiapas y 4 en Tabasco.

En situaciones como ésta, resalta la ONG, la desigualdad es más evidente. Por ejemplo, en lugares como San Mateo del Mar, antes del sismo tras un conflicto electoral se quedaron sin gobierno, con pocas oportunidades económicas, asentamientos en zonas de alto riesgo y falta de agua potable.

Hoy las necesidades urgentes son refugio, comida, agua, saneamiento y salud. Hay otras localidades donde las personas están consumiendo agua del río que posiblemente está contaminada.

En términos generales, las personas tienen la impresión que el gobierno no está actuando de manera efectiva y otras más tienen miedo que el ejército haya llegado para quedarse.

Oxfam ha documentado lo que ocurre en comunidades como Niltepec, donde el gobierno local se aprovecha de la situación para suministrar ayuda y presumir su gestión o Ixtaltepec donde no hay presencia visible del gobierno mexicano.

En San Dionisio del Mar, la ayuda ha sido discrecional, hay dos grupos políticos: uno que respalda al PRI y el otro, compuesto por la Asamblea del Pueblo de San Dionisio. Aunque un helicóptero llevó ayuda hace unos días, ésta sólo fue entregada al grupo que apoya al gobierno priista.

En Unión Hidalgo, el gobierno municipal reportó daños, 48 horas después de ocurrido el sismo; los precios de productos de consumo básico han subido: el kilo de tortillas se vende hasta en $50 pesos, el de huevo a $55 pesos y el kilo de jitomate se vende en $30 pesos.
Hay comunidades como Ixtepec, donde no hay daños mayores visibles pero algunos edificios muestran daños en su interior o Juchitán de Zaragoza, donde los suministros de comida y servicios de salud otorgados por la Cruz Roja son suficientes, sin embargo, la situación es crítica para cientos de familias que lo han perdido todo.
El trabajo de Oxfam México es complementario a la labor de otras organizaciones locales e internacionales. Reconocen la valiosa presencia de otros actores en el lugar para asistencia humanitaria como Cruz Roja Mexicana, UNICEF y el Estado Mexicano.
La respuesta que ha tenido el gobierno mexicano nos indica que nuestra prioridad debe ser proteger los derechos de las personas que están en riesgo; garantizar que la ayuda prevista se base en las necesidades, que las comunidades se pongan en pie lo más rápido posible y que las autoridades sean transparentes en el uso de los recursos y cumplan estándares mínimos de imparcialidad, independencia, humanidad y protección.
La reconstrucción en dignidad es tan importante como la respuesta inmediata. Oxfam México se une a los esfuerzos de una Misión de Observación Humanitaria junto con las siguientes organizaciones aliadas nacionales y locales: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), Oxfam México, PODER, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Tequio Jurídico.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, demandó a quienes aspiran a cargos de elección popular y organizaciones, no lucrar políticamente con la tragedia ocasionada por el terremoto que devastó el Istmo de Tehuantepec.
No falta razón al empresario oaxaqueño al manifestar que en estos momentos de crisis debe haber sensibilidad y solidaridad, alejada de cualquier protagonismo que provoque la desconfianza ciudadana.
En medio de la tragedia y del proceso electoral, hay políticos y agrupaciones que ya se encuentran en la rapiña política con reparto de despensas y ayuda con un fin electorero. Las redes sociales están saturadas de imágenes de funcionarios y políticos entregando despensas en actos de promoción personal.
En otros estados del país como Veracruz, donde existen afectaciones por lluvias hay reparto de despensas con fines claramente políticos con la leyenda “Yunete” en colores alusivos al PAN.
En Oaxaca, de acuerdo con denuncias a través de Twitter, el senador de la república, Benjamín Robles Montoya hizo acto de presencia en Matías Romero sin llevar ayuda a los damnificados. Otra denuncia más fue en contra de Donovan Rito y su esposa Nadia Clímaco, quienes pretendían politizar la entrega de víveres.
Raúl Ruiz Robles señaló que del lado de la iniciativa privada existen acciones de coordinación para acopiar víveres a favor de las personas damnificadas, sin embargo, ante la desconfianza que existe en las instituciones de gobierno, están buscando los mecanismos que sea entregada por conducto del ejército mexicano.
A través de una carta Coparmex Oaxaca solicitó a la institución armada ser el canal mediante el cual puedan entregar la ayuda. La idea es que los víveres sean transportados en las unidades del ADO que viajan hacia el Istmo de Tehuantepec y que éstos sean recogidos por el ejército.
“Estamos esperando la respuesta porque sólo así tendremos la confianza que les van a llegar a las personas sin ningún interés y partidismo”, expuso.
Además de donar víveres, los adheridos a la Coparmex acordaron donar materiales para construcción para lo cual solicitaron al ejército una relación de materiales que se requieren para habilitar o rehabilitar algunas casas dañadas. “Queremos evitar cualquier tinte político y sesgo que se le quiera dar”, declaró.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila

 

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