Costaron más de 14 mdp libros con errores
La Secretaría de Educación Pública (SEP) pagó 14 millones 210 mil 825 pesos a instituciones que colaboraron en la redacción de libros de texto gratuitos que se imprimieron y distribuyeron con al menos 114 faltas de ortografía.
En respuesta a una solicitud de información, la SEP informó por conducto de la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, que para la redacción de los libros de texto se suscribió un convenio de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), por un monto de 11 millones 130 mil 825 pesos, y otro con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), por 3 millones 80 mil pesos.
A través de un comunicado, el IFAI informó que en su respuesta la SEP aseguró que “dichas instituciones participaron activamente en el proyecto y que una vez que los libros estuvieron listos para ir a impresión, entregaron a la Dirección de Desarrollo de Innovación y Materiales Educativos y a la Dirección Editorial (áreas directamente relacionadas con la elaboración de los libros de texto) las maquetas terminadas, para validar o cambiar el material”.
La dependencia señaló también que el Órgano Interno de Control (OIC) integró el expediente número DE-1079/2013, para realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar a los servidores públicos responsables de los errores ortográficos, pero no precisó si ya se sancionó a los responsables.
Por ello, el solicitante de la información se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), mediante el cual manifestó que si bien la SEP indicó el monto pagado a cada institución, no precisó cuánto pagó a cada una de las personas involucradas y tampoco se pronunció sobre el monto que recibieron sus servidores públicos.
Tras analizar la normatividad aplicable, el IFAI ordenó a la SEP sobreseer la información proporcionada respecto a la cantidad que se pagó a sus servidores públicos, adscritos a la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, e instruyó para que declare formalmente la inexistencia de las sanciones impuestas a las personas que participaron en la elaboración de los libros de texto gratuitos con faltas de ortografía.