Opinión Portada

Con la captura de Javier Duarte, la suerte está echada para el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Imparcial

Con toda la rumorología que propala “El Peje”, sus descalificaciones como eso de que Javier Duarte sólo es “un chivo expiatorio” y una serie de especulaciones, la realidad es que un corrupto exgobernador, estafador del pueblo veracruzano está en la cárcel. Esto debe ser una buena noticia para Oaxaca, porque da pauta para que renazca la esperanza de que Gabino Cué, el gran saqueador de Oaxaca, sea el próximo de los exgobernantes pillos tras las rejas.

La clase gobernante de este país, sabe que los latrocinios desde el poder han provocado irritación social insostenible. Por lo mismo, el gobernador Murat Hinojosa no debe soslayar la colosal corrupción que fomentaron Gabino y sus funcionarios. Dejarlos sin castigo resultaría letal para su carrera política. Perdería credibilidad y lo señalarían hasta de cómplice. Pero no sólo debe proceder contra Gabino y su banda de forajidos, también hay priistas marcados. No hay que olvidar que son señalados como parte importante del complot para el robo del siglo en perjuicio del patrimonio de los oaxaqueños, personajes como los exdiputados Alejandro Avilés y Adolfo (Neofito) Toledo, así como el llamado auditor superior del estado Carlos Altamirano. Los dos primeros se confabularon con los presidentes municipales más rapaces a quienes blindaron con leyes a modo. Altamirano aplicó auditorías simuladas para no delatar a los ediles ladrones. Ya he dicho aquí que el robo más descarado se dio en complicidad con los 22 administradores municipales que los diputados impusieron. Una red de conspiraciones para saquear las arcas municipales. Mientras el gobernador no se decida a proceder, estos pillos gozarán en la impunidad el dinero mal habido y habrá estigma sobre Alejandro Murat.

¿Porque aquí no?

No sólo es la captura del veracruzano Duarte. La lucha contra la corrupción en las esferas de gobierno se manifiesta también en lo siguiente:

El arresto del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia, cuya extradición está en litigio. Para los que dudan que esto va en serio, hay que recordar que ya están en la cárcel: Guillermo Padrés, Jesús Reyna, Flavino Ríos que cayeron recientemente. Antes fueron procesados el tabasqueño Andrés Granier y el de Quintana Roo, Mario Villanueva.

También son investigados por corrupción desde el poder dos ex gobernadores más: César Duarte y Eugenio Hernández. Al primero lo busca la fiscalía de Chihuahua, al segundo la DEA.

Estas acciones que no serían posibles sin la voluntad política de la clase gobernante. Ayudan un poco a restablecer la credibilidad y significan una buena nueva: empieza a ser realidad lo que el pueblo exclama ?paren de robar!

Como toda acción política, el encarcelamiento y persecución de los gobernantes ladrones tendrán efectos y resonancias. Por lo pronto, bajará la tensión a la irritación social con la que tanto lucran los “solovinos” del cártel 22.

Quitará banderas al dueño del partido Morena que insiste en descalificar los actos anticorrupción. AMLO que tanto daño hace a Oaxaca con la violencia y anarquía de los maistros del cártel 22, al conocer la detención de Javier Duarte, externó su temor de que corrobore lo que ya reveló el nuevo gobernador Yunes: que López Obrador recibía dinero del exgobernador hoy preso. Por eso éste escribió en su tuit:

“Detienen a Duarte para simular que combaten la corrupción. Pero el pueblo no se conforma con chivos expiatorios, quiere la caída del PRIAN”.

Yunes reviró de inmediato: lo que tiene que hacer López Obrador para justificar el dinero que recibía de Duarte.

La honestidad valiente se desmorona con tantas incongruencias. No hay que olvidar que al tabasqueño se le acusa de haber pactado con Duarte en las pasadas elecciones de gobernador en Veracruz, para evitar el triunfo de Miguel Ángel Yunes.

El salto del chapulín

Todo indica que, finalmente, los vividores del chantaje político y la extorsión con el bloqueo de carreteras, protegidos por los montones del cártel 22, se están quedando solos, enredados en la perversidad del caso Nochixtlán. Dos cuestiones así lo dejan ver.

Primero, la advertencia pública del pasado día dos que hizo un frente de vecinos que se identifican como “los auténticos defensores de Nochixtlán”. “Les solicitamos no entren y ocupen el territorio de Nochixtlán para acciones de violencia…recordándoles que con su presencia y actos despreciables destruyen la imagen respetable de los habitantes limpios de espíritu y corazón para los demás humanos”.

Segundo, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, de su gran mecenas pasa a decir ahora que “los peritajes (para saber la realidad de la balacera) los debe concluir la PGR”.

Sobre el primer asunto, los nativos de Nochixtlán, en carta pública les dicen a los que se autodenominan “comité de víctimas” y a los maestros de la sección XXII que “recuerden que cuando la paciencia termina, la defensa crece”.

En el segundo tema, en un comunicado, la DDHO informa que “en una reunión reciente del Procurador General de la República, Raúl Cervantes e integrantes del Comité de Víctimas 19 de Junio, con la mediación de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, se llegó a acuerdos que confiamos contribuirán a que se realicen las diligencias periciales necesarias, que permitan que la investigación de los hechos del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, avance para esclarecer las acciones que dejaron a ocho personas muertas y más de cien heridas en esa fecha.

Esto significa un paso determinante porque permitirá saber quiénes realmente dispararon las balas que mataron a ocho activistas e hirieron a docenas de policías.

Las autoridades policiacas sostienen que fueron víctimas de una celada. Los asesores de las “víctimas” insisten en que la policía los masacró. La oposición terca a la realización de los peritajes de la PGR despierta sospechas de que el cartel 22 no quiere que surja la verdad, perderían banderas y pretextos para seguir chantajeando con el caso Nochixtlán.

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