Amagan organizaciones con protestar durante el Segundo Informe de Gobierno del ejecutivo

Nahum Villavicencio.

Foto: Archivo Realidad Oaxaca.

A dos años de haberse instaurado el Gobierno de la Paz y el Progreso, las esperanzas de un cambio se han diluido por la falta de capacidad de funcionarios que lejos de atender las demandas se han encargado de cubrir sus necesidades, manifestaron integrantes de organizaciones sociales que amagan con protestar durante la rendición del Segundo informe del ejecutivo.

A través de Juan Sosa Maldonado, los manifestantes indicaron que la jornada de denuncia y plantón del Frente de organizaciones contra el terrorismo de estado (FOCTEO) y los sobrevivientes y Expresos políticos de Oaxaca por la Defensa de los Derechos Humanos (SEPODDH) que inició el pasado 5 de noviembre no ha tenido respuestas.

Indicó que ante esta situación se encuentran analizando las formas de protesta con que manifestaran su descontento con el actuar del ejecutivo estatal a dos años de su mandato, y es que después  de tantas promesas de cambio, a la fecha no ha consolidado ninguna, afirmaron los manifestantes.

En conferencia de prensa destacó que hasta el momento las víctimas de la represión del estado solo se han quedado con los discursos de los funcionarios, ya que a la fecha no se les ha hecho justicia a 27 personas que perdieron la vida durante el conflicto político social que vivió la entidad en el 2006.

“Expresamos nuestro rechazo categórico a los discursos pomposos de la actual administración de cara a su segundo informe de gobierno, puesto que en estos dos años no ha cambiado nada”, puntualizaron.

Destacó en este mismo contexto qué por el contrario la represión, la persecución, el despojo, el desplazamiento, el encarcelamiento, la desaparición y el asesinato de luchadores sociales y pueblos continúan atacando a la población.

Asimismo dijo que para estas organizaciones queda claro que ningún gobierno emanado de la burguesía y sus partidos puede representar las legítimas aspiraciones de su clase y sus pueblos, así como el propio proceso electoral tampoco puede abonar en absoluto para la conquista de la libertad.

Entre la demandas que argumentan no han sido atendidas se encuentra la exigencia de libertad del indígena ecologista Pablo López Alavés perteneciente a San Isidro Aloapam, preso en el penal de la Villa de Etla.

La libertad de los presos políticos y de conciencia de la región de los Loxicha, encarcelados desde hace 16 años durante el periodo de Diodoro Carrasco Altamirano como gobernador, y castigo a los autores materiales e intelectuales de las ejecuciones extrajudiciales de al menos 140 personas.

En este mismo sentido exigen la reinstalación inmediata e incondicional de los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos, registro sindical y toma de nota, así como un alto al hostigamiento laboral dentro de la empresa embotelladora de agua H2O.

Por ultimo exigen la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar y el retorno de los desplazados de San Juan Copalá a su comunidad.

 

 

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